El presidente del Poder Judicial peruano, Javier Villa Stein, confirmó, este lunes, que la Corte Suprema decidió que la Justicia Militar asuma el caso del presunto espionaje de Chile, en el que resultó implicado el suboficial de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) Víctor Ariza Mendoza.

En rueda de prensa, Stein dijo que la Sala Permanente "ha resuelto que en el caso Ariza, quien asuma la competencia sea el fuero militar".

Stein argumentó que la decisión se debe a que los implicados han violentado el secreto militar y que el delito ha sido perpetrado por un oficial en actividad.

Víctor Ariza se encuentra recluido en el penal de Piedras Gordas, en Puente Piedra, Lima, y podría ser condenado por el delito de traición a la patria, que contempla una condena de entre 20 y 35 años de cárcel.

Junto con Ariza, el suboficial de la Fuerza Aérea peruana Justo Ríos (cómplice), también será juzgado por el fuero castrense.

"Con esto se pone punto final a la incertidumbre de que la ciudadanía tenía sobre la materia. Además, debo decir que se han escuchado a las partes, se ha respetado el debido proceso, y se han dado todas las garantías", añadió Villa Stein.

En el caso de espionaje, también están implicados dos chilenos, quienes presuntamente pagaron por la información secreta, el oficial Adrián Bravo Carrasco y el suboficial Jaime López Ruiz, aunque Ariza los conocía con otros nombres (Víctor Vergara Rojas y Daniel Márquez Torrealba, respectivamente).

El abogado de Ariza, Walter Chinchay, defendió ante la Sala Permanente que su cliente fuese procesado con los implicados chilenos por la justicia civil, pues alegó que ello serviría para evitar un futuro recurso de nulidad contra la causa.

Según Ariza, los chilenos lo contactaron cuando trabajó en la agregaduría militar de la embajada de Perú en Santiago de Chile y coordinó con ellos la información militar secreta que les envió y por la que recibía pagos mensuales.

La Sala Permanente recibió los argumentos de las partes y este lunes se pronunció sobre la sala que procesará a Ariza por los delitos de revelación de secretos nacionales (traición a la patria), espionaje y lavado de activos en agravio del Estado.

Por su parte, el gobierno chileno se ha defendido, tras argumentar que no ha encontrado "resultados concretos" que permitan confirmar la denuncia de Perú sobre un presunto espionaje.

(TeleSUR)